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Posteado July 16, 2010 a 9:52 am por pepe

Amnistía Internacional (AI) ha entregado más de 100.000 firmas al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, en las que se le reclama la suspensión de la ejecución, en cualquiera de sus maneras, de Sakineh Mohammadi Ashtiani, una mujer iraní de 43 años condenada a la lapidación por adulterio, según informó la sección española de la organización en su página de Internet.

La entrega de las firmas se produjo el pasado lunes, coincidiendo con la visita de Mottaki a Madrid. La acción contra la ejecución de Sakineh Mohammadi se puso en marcha el pasado viernes 9 de julio a través de la web www.actuaconamnistia.org, un día después de que el Gobierno iraní hiciera público un comunicado en el que el que informaba de que Sakineh no sería lapidada. Sakineh Mohammadi Ashtiani recibió 99 latigazos por mantener una “relación ilícita” con dos hombres en mayo de 2006. Con posterioridad, fue declarada culpable de tener una “relación extramatrimonial” y condenada a morir por lapidación. En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella.

Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable basándose en el “conocimiento del juez”, un principio de la legislación iraní que permite a los jueces tomar una decisión sobre la culpabilidad del acusado aunque no existan pruebas claras o concluyentes. El Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte el 27 de mayo de 2007. Su indulto depende de la decisión de la Comisión de Amnistía e Indulto, que ya lo ha rechazado dos veces.

A través de la ciberacción de Amnistía Internacional, más de 100.000 personas han pedido a las autoridades iraníes que ponga fin a la pena de muerte en Irán, que en el camino hacia la abolición total de la pena de muerte, las autoridades iraníes promulguen una ley que prohíba inequívocamente la lapidación, que se suspendan de inmediato las lapidaciones, dejando claro a todos los jueces y otros funcionarios que tendrán que rendir cuentas en caso de incumplir tal suspensión, y que se destipifiquen como delito las relaciones sexuales consentidas entre adultos.