Posteado October 25, 2009 a 9:55 am por pepeFeed Articulos
Asamblea de Cooperación Por la Paz ha presentado el 22 de octubre en Sevilla la Coalición de Madrid, el esfuerzo conjunto de más de un centenar de organizaciones civiles palestinas, israelíes y europeas por incrementar el apoyo de la sociedad civil palestina e israelí a una solución dialogada del conflicto en Oriente Medio basada en la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe.
En el marco del nuevo esfuerzo internacional por lograr un acuerdo de paz en Oriente Medio y ante la próxima presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, la Coalición de Madrid inicia su andadura para apoyar el proceso de diálogo desde el movimiento social y sindical palestino, israelí y europeo. Es la primera vez que se reúne un elenco tan amplio de organizaciones sociales de las partes en conflicto en Oriente Medio, y lo hacen para luchar por un objetivo común: fomentar el apoyo a las negociaciones de paz en la sociedad civil israelí, palestina y europea.
Creada en diciembre de 2008 con el impulso de Asamblea de Cooperación Por la Paz y apoyada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Coalición de Madrid se ha propuesto potenciar la cooperación entre las organizaciones involucradas en procesos de construcción de paz y generar un cambio en la opinión pública para conseguir un apoyo masivo a un acuerdo de paz desde la convicción común de que la solución al conflicto no puede ser otra que el diálogo entre las partes y que la sociedad civil debe exigir la paz a sus dirigentes.
Los días 22, 23 y 24 de octubre ha celebrado un encuentro de la Coalición en Sevilla, en el que se trabajó en el diseño de un plan de acción para los próximos meses, que se orientará a suscitar el apoyo de la opinión pública al proceso de paz.
Las conclusiones de la reunión celebrada en la capital andaluza por la Coalición de Madrid (CM) han destacado que esta entidad ha reforzado “su deseo de ampliar su radio de acción”, manteniendo “el particular posicionamiento de cada miembro, pero con la apuesta por la iniciativa de paz de la Liga Árabe como aglutinador principal”.
Tras destacar que los sindicatos son la “espina dorsal” de esta Coalición, de la que forman parte las centrales españolas UGT y CCOO, los participantes han acordado “enviar un mensaje a los gobiernos israelí, palestino y europeos sobre la urgencia y la necesidad de apoyar una solución dialogada al conflicto”, que como “requisito” debe de ir vinculada a un calendario.
También se ha abogado por impulsar una gestión compartida israelí-palestina de los recursos medioambientales y por el intercambio transfronterizo de tecnología medioambiental.
Un total de 40 millones de niños no podrán volver al colegio después del verano a causa de los conflictos armados, según informó ‘Save the Children’, “a pesar de que la educación es un medio fundamental tanto para su protección como para contribuir a la paz y reconciliación en sus países”.
Así, la organización ofrece este dato cuando se cumplen tres años desde que lanzó su campaña ‘Reescribamos el Futuro’ con el objetivo de proporcionar “educación de calidad” a 8 millones de niños que viven en países afectados por conflictos armados hasta el año 2010. Durante ese tiempo ‘Save the Children’ ha “mejorado la calidad de la educación de más de 10 millones de niños que viven en países en conflicto y ha abierto el equivalente a dos escuelas por día, proporcionando a un millón de niños que nunca antes habían ido a la escuela una oportunidad de futuro para romper el círculo de la pobreza y la guerra”.
Durante estos tres años ‘Save the Children’ ha trabajado para encontrar “soluciones innovadoras que permitan a los niños ir a la escuela incluso en los contextos más difíciles”. Por ejemplo, en Afganistán, donde muchas niñas se sienten inseguras caminando largas distancias hasta la escuela debido a la violencia imperante, ‘Save the Children’ trabaja para establecer escuelas comunitarias en los barrios a las que las niñas se sienten seguras asistiendo.
La ONG recuerda que la educación “puede contribuir a la estabilidad del país y su crecimiento económico, de hecho, según inciden, las investigaciones demuestran que mayores niveles de educación en un país reducen el riesgo de que estalle un conflicto”. Además, según sus datos, “cada año adicional de educación formal reduce la probabilidad de que los varones se involucren en un conflicto en un 20 por ciento”. “Gracias a la educación los niños y niñas tienen la oportunidad de romper el ciclo de la guerra y la pobreza”, añaden.
Save the Children considera “muy positivo” el hecho de que la comunidad global esté dando “cada vez más prioridad a la educación en países afectados por conflictos armados”. Así, durante los últimos tres años los fondos de ayuda a la educación en países afectados por conflictos armados se han incrementado en un 50 por ciento y la ayuda humanitaria a educación se ha doblado. Sin embargo, a su juicio, “todavía falta mucho por hacer”, según recuerdan, ya que casi la mitad de los 75 millones de niños que no van a la escuela viven en países afectados por conflicto.
Más de 30 organizaciones humanitarias siguen trabajando en la capital somalí, Mogadiscio, a pesar de los riesgos de seguridad y de la falta de fondos, según informó la oficina del coordinador residente de la ONU y del coordinador humanitario para Somalia, que indica que el enfrentamiento en Mogadiscio ha causado el desplazamiento de más de 600.000 personas en el corredor de Afgooye.
Aunque de media diaria sólo se dan ocho litros de agua, en algunas zonas del corredor los desplazados sólo disponen de dos litros al día. Así, una de las cuestiones que más sufren es el bajo nivel de higiene, un obstáculo importante para conseguir evitar la extensión de enfermedades contagiosas.
Se consideran necesarios entre 7,5 y 15 litros al día para sobrevivir. Se estima que se necesitan dos dólares al año por persona para poder aumentar los sistemas de agua, aunque en total, las agencias humanitarias necesitarían 600.000 dólares durante 2009.
La sanidad en la zona es altamente insuficiente. En la actualidad hay una letrina para cada 212 desplazados, señala esta oficina, que indica que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido 3,3 millones de dólares antes de finales de julio para mantener sus operaciones vitales para más de un millón de personas afectadas, mientras que el actual fondo para emergencias destinado para las ONG se extinguirá en dos meses.
Además, debido a que no ha llovido en las regiones autónomas de Somalilandia y Puntlandia y en las zonas centro y sur del país, más de 227.000 habitantes de la zona subsisten al día con dos litros de agua o incluso con menos. Por esto se necesitarían 2,1 millones de dólares para poder dar a las poblaciones afectadas cinco litros diarios de agua hasta que comience la estación de lluvias el próximo mes de octubre.
En las zonas rurales de Somalia, el 87 por ciento de la población no utiliza ni tiene acceso a letrinas, y sólo un once por ciento tiene acceso a fuentes de agua. Así, el cólera y la diarrea aguda son endémicas y suelen darse brotes frecuentes todos los años, aunque se ha logrado un descenso de entre un 60 y un 70 por ciento en los casos de diarrea y un descenso de un 300 por ciento en el índice de mortalidad en los dos últimos años.
También indica que sólo se han recibido 6,7 millones de dólares (19 por ciento del presupuesto) de la cantidad requerida de 35,8 millones. La escasez de fondos indica que, a la larga se incrementará la necesidad de un gasto mayor en los sectores sanitarios y de nutrición, y hay una gran preocupación porque las mejoras conseguidas en los dos últimos años se diluyan en la segunda mitad de 2009.
El enviado especial humanitario de la ONU para Pakistán, Abdul Aziz Arrukban, afirmó este lunes que la situación del desplazamiento en la región de la Provincia de la Frontera Noroeste “no tiene precedentes”, tanto por la rapidez con la que ocurre como por su magnitud.
Al concluir su visita al país, el funcionario aseguró que pudo constatar la grave situación que experimentan las comunidades que han recibido a los 2 millones de desplazados. “La presión sobre los sistemas de salud, de saneamiento y agua son enormes”, subrayó.
Los desplazados han huido del noroeste del país, la mayor parte desde principios de mayo, cuando el Ejército lanzó una ofensiva contra los talibán, lo que provocó que la ONU solicitara 532 millones de dólares (383 millones de euros) en ayudas para evitar una crisis humanitaria a largo plazo.
De esa cantidad sólo se ha alcanzado el 35 por ciento, lamentó, por lo que pidió a los donantes que aumenten su asistencia para ese país. Arrukban visitó el distrito de Mardan, donde se han establecido la mayoría de las personas que han huido del valle del Swar y de la localidad de Buner, y acudió a un campamento de refugiados para ver la situación sobre el terreno.
“La comunidad humanitaria está haciendo valientes esfuerzos para alcanzar a los necesitados, pero no serán capaces de mantener sus actividades a menos que reciban un mayor apoyo de los donantes”, resaltó el enviado de la ONU.
Oxfam Internacional exigió hoy a las autoridades mundiales y a los líderes de las organizaciones locales que detengan los ataques que sufren los indígenas en la provincia de Bagua, en la Amazonía peruana, y reinicien “urgentemente” el diálogo en todas las instancias pertinentes “a fin de garantizar el respeto de los Derechos Humanos y poner fin a una escalada de violencia, que se salda ya con más de 35 muertos”.
Según informó hoy la organización, es “fundamental” que esta comunidad rechace con firmeza la vulneración de derechos, la violencia y el uso de la fuerza, en general, como mecanismo para resolver sus diferencias. Asimismo, pide que se alcancen acuerdos “que promuevan el ejercicio de los derechos y respondan a un desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, en cumplimiento de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
“Desde hace años venimos apoyando a las comunidades indígenas en su lucha contra la pobreza y el deterioro del ecosistema amazónico”, explicó el coordinador de la ONG en Perú, Francesco Boeren. En esta línea, explicó que en estas comunidades hay una “débil” presencia del Estado, “que es quien debería fortalecer la provisión de servicios y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos”.
Así, subrayó la “urgencia” de que el Congreso de Perú encuentre alternativas viables cuyo contenido sea consultado con las comunidades indígenas y sus organizaciones. “El Poder Ejecutivo, la Policía y el Ejército deben dejar de lado las medidas de fuerza que están tomando para evitar más violencia en este conflicto”, apuntó Boeren, quien recordó que los gobiernos “sólo pueden fortalecer las relaciones de confianza con la población si cumplen lo que prometen”.
Finalmente, explicó que más del 70 por ciento de la Amazonía ha sido concesionada para desarrollar proyectos de hidrocarburos, “lo que afecta también los territorios de pueblos indígenas, especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario y a áreas de reservas naturales”. La organización asegura que todo ello contribuye a la “desconfianza” de los pueblos indígenas, que temen perder la propiedad y derecho de uso de estas tierras o que queden inutilizables por la extracción de los recursos naturales del subsuelo.
El Gobierno de Sudán ha autorizado a cuatro agencias humanitarias expulsadas del país el pasado mes de marzo regresar a la región de Darfur, según declaró ayer el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes.
Las cuatro ONG –CARE Internacional, Save the Children, Mercy Corps y Padco– estaban entre las trece organizaciones que fueron expulsadas en marzo, informa la BBC. Holmes señaló que todos los grupos tienen la oportunidad de pedir una readmisión.
Holmes declaró que Sudán ha acordado permitir a las ONG regresar a Darfur siempre que se registren bajo otros nombres y logotipos. “Esta posibilidad existe para todas las organizaciones que fueron expulsadas, y algunas de ellas ya han tomado ventaja en este asunto”, aseguró. “Consiguieron recientemente sus nuevos registros y empezarán a retomar sus operaciones”, afirmó Holmes.
El Gobierno de Sudán expulsó a los grupos humanitarios en marzo, después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciara la acusación contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad. Las agencias humanitarias fueron acusadas de espiar para el TPI, un motivo que provocó su expulsión.
La operación de asistencia en Darfur es una de las mayores del mundo, y las expulsiones provocaron temores de que se produjera un nuevo desastre humanitario, puesto que ya cerca de 300.000 personas han muerto y dos millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los seis años que duró el conflicto en Darfur, según estima la ONU.
Hace un mes Holmes detalló que la situación no se deterioró tanto como temían, y que en muchos casos los huecos existentes habían sido rellenados por la ONU y por el Gobierno sudanés. Ayer, también indicó que se ha producido un “buen progreso” a la hora de mejorar las relaciones entre el Gobierno de Jartum y la ONU desde que se produjo la acusación por el TPI.
En 1993 se crea el Comité Español del ACNUR para apoyar la labor de ACNUR en favor de los refugiados. Actualmente cuenta con más de 25000 socios colaboradores en el Estado Español. Actualmente dispone de delegaciones alrededor del país.
El mandato del ACNUR consiste en garantizar la protección internacional de los refugiados y buscar soluciones duraderas para ellos. ACNUR cuenta con oficinas en 120 países. Mas del 80 % de su personal trabaja sobre el terreno, a menudo en condiciones difíciles y peligrosas.
El trabajo de la agencia de la Onu para los refugiados abarca los siguientes sectores:
