Posteado November 28, 2009 a 9:33 am por pepeFeed Articulos
En Ted.comCameron Sinclair muestra el coste sin denuncia de los mega-proyectos inmobiliarios en quiebra: miles de emigrantes trabajadores de la construcción sin poder volver a sus casas y sin dinero. A sus compañeros arquitectos les dice que sólo existe una única respuesta ética.
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Cada día miles de mujeres, niños y niñas, en todo el mundo, son víctimas de la trata y tráfico de personas que teminan siendo vícimas de la explotación sexual y la pornografía. Este problema, generalmente vinculado con redes de delincuencia organizada y corrupción, ha llegado a constituir un fenómeno de alcance mundial con grandes repercusiones en la esfera del respeto a los Derechos Humanos.
El Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niño(a)s busca concienciar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de estea lacra, que afecta a todas las sociedades del mundo. La conmemoración de este día se estableció en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, con sede en Dhaka, Bangladesh en 1999, en donde se eligió el 23 de septiembre de cada año como fecha especial para dedicar a la reflexión y la actuación sobre este asunto.
Gracias a recientes estudios sobre el tema se ha llegado a conocer que, tanto el tráfico como la trata de personas, suponen un ingreso de 7.000 millones de dólares anuales, con conexiones con el comercio de armas, drogas, prostitución y abusos infantiles. Generalmente, este comercio clandestino fluye desde los países en vías de desarrollo en regiones como América Latina, Africa y Asia hacia las regiones más prósperas como América del Norte, Europa y Japón, sin embargo, la red de tránsito se modifica constantemente.
Las víctimas de estos delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos.
Aunque desde hace años Naciones Unidas y muchos gobiernos y ONGs han iniciado acciones y campañas para paliar el problema, aún falta mucho por hacer, ya que existe una gran brecha entre el crecimiento de este delito y la efectividad al momento de aplicar castigos acordes a la gravedad de la violación. El tráfico y trata de personas no sólo viola los principios universales de los Derechos Humanos, sino que también tiene consecuencias serias en la seguridad de cada Estado, debido a que siempre está asociado a la proliferación de redes criminales.
Para encontrar soluciones se requiere de un tratamiento global que supere las peculiaridades de cada legislación nacional. Los instrumentos internacionales buscan llenar este vacío pero se requiere de la cooperación entre los gobiernos, los organismos intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en sus esfuerzos por abordar la cuestión.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado de que un millar de inmigrantes en situación irregular que llegaron a Italia con la promesa de un empleo previo pago, han sido arrastrados a la esclavitud, trabajando sin contrato en la agricultura y con jornadas de 12 horas al día por entre 15 y 25 euros y teniendo que pagar a sus empleadores por el autobús que les lleva al campo, mientras viven en una especie de gueto en condiciones insalubres, sin agua y sin electricidad.
La OIM describe así la situación en el municipio de San Nicola Varco, a unos cien kilómetros al sur de Nápoles, donde un equipo de expertos de la agencia concluyó el pasado viernes una misión de evaluación de diez días de duración.
Los inmigrantes, todos ellos marroquíes, relataron a la OIM que están siendo “explotados por empleadores sin escrúpulos”, trabajando de 4.30 a 16.30 en los invernaderos y cultivos cercanos al municipio por un salario muy inferior al sueldo mínimo. Muchos dijeron que tienen que pagar a sus empleadores por servicios como el agua y 3 euros cada vez que van del campamento a los campos.
Los inmigrantes han ocupado construcciones abandonadas y “sus condiciones de vida y de trabajo son inseguras, insalubres e indignas”, según denunció Schatzer. El pasado domingo se produjo un incendio en el campamento que provocó daños materiales, pero ningún inmigrante resultó herido.
“Hemos pedido a las autoridades locales y al Ministerio del Interior italiano que desarrollen una evaluación en la zona para identificar una solución para estos inmigrantes desesperados”, indicó Schatzer, director de la Misión de la OIM en Italia. “Estamos trabajando con nuestros colegas italianos para ver si los inmigrantes pueden beneficiar de asistencia y protección en Italia”, añadió. Asimismo, dijo que la “OIM también puede ofrecer apoyo a los que deseen regresar a casa mediante el programa de retorno voluntario” de la agencia.
Un total de 200 inmigrantes fueron entrevistados por cuatro asesores legales y dos mediadores culturales de la OIM, que también está trabajando con las autoridades marroquíes para responder a las necesidades de los inmigrantes.
La OIM denunció que el trabajo ilegal, especialmente en el sector de la agricultura, es un fenómeno extendido en Italia, donde las estadísticas oficiales demuestran que éste asciende a entre un 15′9 y un 17′6 por ciento del producto interior bruto del país.
Las Fuerzas Armadas de Zimbabue están involucradas en los trabajos forzosos de niños y adultos, y torturan y golpean a los habitantes que residen en los campos de diamantes del distrito zimbabuense de Marange, según denuncia la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) en un informe.
El Ejército, que permanece bajo el control del partido ZANU-PF, del presidente zimbabuense, Robert Mugabe, terminó con la vida de más de 200 personas en una represión violenta en esta zona a finales de 2008, asegura la organización.
El informe documenta cómo, después del descubrimiento de los diamantes en Marange en junio de 2006, la Policía y el Ejército han empleado la fuerza bruta para controlar el acceso a los campos de diamantes y asumir las minas ilegales de diamantes y su comercio. Parte de sus ingresos, señala HRW, han sido canalizados hasta miembros relevantes del ZANU-PF, que ahora forma parte de un Gobierno de unidad que necesita de manera urgente estos ingresos debido a la crisis económica a la que se enfrenta el país.
“La Policía y el Ejército han convertido esta zona pacífica en una pesadilla sin ley y con una violencia horrorosa”, asegura la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. “El nuevo Gobierno de Zimbabue debería sacar al Ejército de estos campamentos, frenar el abuso y juzgar a los responsables”, añadió.
El pasado febrero, HRW entrevistó a más de 100 personas que aseguraron que los policías –desplegados inicialmente en noviembre de 2006 para terminar con el tráfico ilícito de diamantes– son de hecho los responsables de abusos graves como asesinatos, tortura y acoso.
El informe también examina la toma de control que hicieron de forma violenta de estos campos en octubre de 2008 en la llamada ‘Operación Hakudzokwi’ (sin retorno), un intento del Ejército para imponer el orden en la zona. La operación, que duró tres semanas, terminó con la muerte violenta de más de 200 personas.
La Policía y el Ejército tienen acceso a la riqueza mineral de Marange en un momento en el que el Gobierno lucha por pagarles sus salarios. Las brigadas del Ejército aún patrullan por Marange, señala HRW. Bajo control militar, cientos de niños y adultos soportan trabajos forzosos en las minas, mientras los soldados continúan torturando y maltratando a los aldeanos, acusándolos de apoyar a los mineros ilegales que no trabajan para el Ejército, asegura esta organización.
Cada día miles de mujeres, niños y niñas, en todo el mundo, son víctimas de la trata y tráfico de personas que teminan siendo vícimas de la explotación sexual y la pornografía. Este problema, generalmente vinculado con redes de delincuencia organizada y corrupción, ha llegado a constituir un fenómeno de alcance mundial con grandes repercusiones en la esfera del respeto a los Derechos Humanos.
